10 dudas sobre la Ley 218; Gobierno busca promulgarla hasta noviembre

nathaly-zambrana

octubre 14, 2021

Desde el secreto de confidencialidad, pasando por el congelamiento de cuentas a denuncia y la omisión de montos para ser investigados, el proyecto de Ley Contra las Ganancias Ilícitas bajo la lupa.

El abogado Williams Bascopé y dirigentes de sectores sociales identificaron al menos 10 cuestionamientos al proyecto de Ley 218 o Ley de Antilegitimación, que según ellos vulnera garantías constitucionales. En el Gobierno afirman que se respeta la Constitución Política del Estado (CPE) y que será aprobada hasta el 15 de noviembre.

El proyecto -los senadores aplazaron su debate- es resistido por varios sectores sociales al considerar que va contra la CPE. A ello se suma que transportistas y gremiales dieron un plazo de 72 horas al Gobierno para que deseche la norma. El ultimátum acabará este viernes y podrían darse más movilizaciones, porque ayer la senadora Virginia Velasco anunció que la ley debe ser aprobada en noviembre.

Los cuestionamientos

Primero, el jurista apunta al artículo 3 sobre Ámbito de aplicación. “Aquí nos involucran a todos y, además, ya somos presuntamente sospechosos por el derecho de tener una propiedad, una caja de ahorro, se presume como ilícito y esto va contra el artículo 116 de la Constitución que dice ‘Se garantiza la presunción de inocencia’”.

El inciso a) del artículo 3 dice que la ley “es aplicable a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos, presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas cometidas en Bolivia”.

En segundo lugar, Bascopé menciona el artículo 9 sobre las Atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el numeral 6 que no pone límite a montos a ser investigados. “Es desde cero para arriba, no pone límites”. La norma dice: “Recibir de sujetos obligados, reportes de operaciones sospechosas, efectuadas o tentadas, sin límite de monto”.

Tercero se refiere al artículo 11 sobre Exención del Secreto de Confidencialidad, rechazado por profesionales y gremios de prensa. El proyecto dice: “No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones”.

Bascopé señala que al hablar de “profesionales u otro” hay un vacío. “Sin necesidad de orden judicial nos obligarán a revelar el secreto y a solicitud de los sujetos obligados tendremos que levantar el secreto bancario”.

El presidente de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, dijo la pasada semana que la confidencialidad impositiva está garantizada por la CPE y el Código Tributario.

Cuarto, el constitucionalista indica que la segunda parte del artículo 11 es atentatorio a la población, porque habla de que “no se necesita una orden judicial para obtener la información”.

La norma señala: “La información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial”.

Quinto, Bascopé cita el numeral 18 del artículo 9 sobre las Atribuciones de la UIF, y un plazo de 72 horas. “Ya no puedes mover un centavo, porque eres sospechoso (de movimientos ilícitos), te congelan (cuentas)”.

El proyecto afirma: “Oponerse por 72 horas a la ejecución de operaciones cuando se determine que se trata de una operación sospechosa”. El martes, la alcaldesa Eva Copa dijo: “Dueños de cholets han manifestado su preocupación sobre el congelamiento de cuentas que puede haber a simple denuncia y luego se podría intervenir sus cuentas”.

Sexto, Bascopé identifica el artículo 17 sobre Sujetos Obligados, y que según el jurista involucra a todos “porque claramente dice toda persona natural y otros que la UIF mediante resolución incluirá”

Ese artículo dice: “Se considera Sujeto Obligado a toda persona natural o jurídica, pública o privada”. Más adelante añade: “Y otros que la UIF mediante resolución incluya”.

Séptimo, el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, Eloy Sirpa, habla del artículo 18, sobre quienes deben informar a la UIF que menciona a 11 sectores, pero no cita a productores de coca. 

Bascopé hace notar que figuran religiosos, centros educativos y organizaciones civiles que ahora deberán informar a la UIF. “¿Qué no era a todos? Aquí están todos: asociaciones civiles, toda organización civil hasta las fraternidades y los yatiris”. Las iglesias evangélicas de Bolivia rechazaron el proyecto.

En octavo lugar, Bascopé cuestiona el artículo 31 sobre Facultades de la investigación, que habla de allanamientos. El proyecto sostiene que el Ministerio Público con el apoyo de la Policía, podrá acceder a toda la información. “Búsquedas de personas, allanamientos de lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, identificación y rastreo de bienes sin previo aviso al titular y todo acto necesario para obtener medios probatorios”.

En noveno lugar, Bascopé observa el numeral II del artículo 57 titulado Autorización, que ante la eventualidad de que sean retenidos las cuentas del “sospechoso”, solo un juez podrá autorizar al procesado el retiro de dinero para sus gastos básicos mientras se ventila el proceso.

En décimo lugar, Bascopé se refiere al artículo 15 y el numeral 4, que “da inmunidad a quienes realizaron la investigación”.

El numeral indica: “El Estado brindará las garantías establecidas en la CPE y el ordenamiento jurídico vigente, para proteger a las máximas autoridades ejecutivas y personal”, investigador.

En noviembre

La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, afirmó ayer que la norma debe ser aprobada hasta el 15 de noviembre, debido a que en esa fecha llegará al país una comitiva del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones.

“Si algún sector fundamenta de manera sólida (sus observaciones), vamos a modificar el proyecto. Estoy preocupada por el cumplimiento de las observaciones de la GAFI para que Bolivia no ingrese a la lista negra porque la evaluación será el 15 de noviembre”, dijo la asambleísta.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, ratificó en Santa Cruz que el proyecto no va “en contra de lo que establecen los derechos de la Constitución y no estamos incorporando aspectos más allá de los que ya se encuentran en nuestro marco normativo en vigencia”. Descartó además que sea una copia de un proyecto de ley venezolano.

Consultada sobre el plazo de 72 horas que dieron sectores para que se anule el proyecto, la autoridad aclaró: “No se puede anular algo que todavía no ha sido emitido o promulgado”.